El lunes 13 de junio de 2022, convocado por Asamblea Uruguay sector perteneciente al Frente Amplio, tuvo lugar una nueva etapa de la serie Diálogos en Asamblea. En este caso, el tema central: Personas migrantes en el marco del Proyecto de Ley Derecho a la ciudadanía en igualdad. Como invitados, participaron la socióloga Patricia Gainza, experta en Políticas Públicas y Derechos Humanos representando a Red Sin Fronteras, la Dra Myriam Coitino, especialista en temas migratorios, Floribel Lópes representante de la comunidad dominicana en Uruguay y Sara González representante de la comunidad venezolana en Uruguay.
El tema central de la convocatoria giró en torno al mencionado proyecto de ley. Para entender el contexto en el que se inserta este proyecto, es necesario aclarar que en Uruguay no existe el proceso de naturalización - que se da en procesos de regularización migratoria en otros países del mundo. Los ciudadanos se dividen en dos categorías: ciudadanos naturales y legales. Los ciudadanos legales tienen derechos y deberes, como el de poder elegir a sus representantes mediante el voto tras unos años de residencia en el país.
Concretamente esta diferenciación tuvo pocas consecuencias problemáticas hasta 2015, cuando se produjo una nueva modificación en la forma de presentar los pasaportes, que empezó a generar importantes trabas legales y administrativas para los ciudadanos legales. Por ejemplo, un ciudadano uruguayo legal que haya nacido en otro país, lleva en su pasaporte uruguayo su lugar de nacimiento de origen como nacionalidad, algo que antes de la modificación, no ocurría.
Esto crea una situación contradictoria en varios ámbitos administrativos y jurídicos. Si un ciudadano uruguayo legal decide viajar a cualquier país de la Unión Europea, aunque su pasaporte sea uruguayo, su lugar de nacimiento indica su lugar de origen, lo que dificulta el trato de las autoridades europeas: los uruguayos no necesitan visado para entrar en la UE, pero los dominicanos, por ejemplo, sí. También genera que algunos ciudadanos queden en situación de apatridia, ya que aquellas personas que renunciaron a su anterior nacionalidad para obtener la uruguaya, hoy, con la modificación, no tienen ninguna nacionalidad en sus pasaportes.
Desde la Red Sin Fronteras reconocemos que si bien este proyecto no es una solución real a los problemas de la ciudadanía legal en Uruguay, mejora la situación de discriminación en la que vive este sector de la ciudadanía. También criticamos que no ha habido participación de la sociedad civil en la gestación del proyecto - si bien en esta segunda etapa se generó una instancias de consulta, tampoco es oficial en el espacio parlamentario.
Este proyecto tampoco ofrece garantías de respeto a los derechos humanos como se propone en la declaración de la Cumbre de las Américas, que ocurrió del 6 al 10 de junio de este año. Desde la RSF reforzamos que los ciudadanos legales deben tener los mismos derechos que los ciudadanos naturales, garantizando el acceso y la igualdad de trato en todos los sectores de la sociedad, a nivel nacional e internacional.
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